El 15 de enero de 1936 se firmó el Pacto del Frente
Popular sobre un programa de mínimos, se pretendía
volver a poner en marcha la legislación del primer bienio
(educación, obras públicas, reforma agraria, reforma
laboral, etc.), ahora sin dilación, decretar una amnistía,
anular todas las sentencias y medidas por la revolución
de octubre, y restablecer las garantías constitucionales.
Participaron de este Frente: Izquierda Republicana,
Unión Republicana, POUM, PSOE y el PCE, verdadero
inspirador el acuerdo, siguiendo las estrictas órdenes de
Stalin desde Moscú. Por su parte la derecha concurrió a
las elecciones en dos listas principales el Bloque Nacional
y la CEDA, además del PNV.
La campaña electoral y las elecciones se celebraron con
relativo orden, pese al clima de violencia, sobre todo
verbal, y el clima de levantamiento latente. El día de las
elecciones acudió a votar el 72% del censo y el resultado
fue de 278 escaños para el Frente Popular por 192 de los
partidos de centro derecha. La participación electoral de
los afiliados CNT, ante el hecho de que buena parte de
sus dirigentes estaban en la cárcel, y la desunión de las
derechas explican el resultado.
El impacto fue fulminante. En los días siguientes, sin
esperar a la segunda vuelta de las elecciones ni a la
proclamación de resultados, los grupos de izquierdas
asaltaron las cárceles dejando en libertad a los detenidos
por el golpe de Estado de 1934. Azaña tuvo que formar
un Gobierno antes siquiera de la apertura de las Cortes.
El Gobierno puso en marcha el programa del Frente
Popular de inmediato. Decretó una amplia amnistía y
comenzó a reponer en sus puestos a los funcionarios
expulsados en 1934. Se restableció el Estatuto catalán y la
Generalitat y los generales más conservadores fueron
enviados a destinos alejados: Goded a Baleares, Mola a
Pamplona y Franco a Canarias.
Sin embargo, el resultado más significativo de aquellos
meses fue la ocupación sistemática de fincas y la puesta
en marcha de la reforma agraria. El Gobierno suspendió
los juicios por desahucio y devolvió la tierra a los
campesinos. Pero los sindicatos agrarios decidieron
ocupar fincas y ponerlas en explotación. El 20 de marzo
un decreto del Gobierno autorizaba al IRA a expropiar
cualquier finca de forma inmediata. 80.000 campesinos
procedieron a ocupar de inmediato los principales
latifundios, provocando enfrentamientos con los
terratenientes y la Guardia Civil, al mismo tiempo, los
primeros a partir de verano se negaron a contratar
jornaleros, prefiriendo perder las cosechas. El 15 de junio
se restablecía la Ley de Bases de la Reforma agraria,
desde febrero hasta julio se habían asentado a 110.000
familias campesinas.
Poco a poco el Gobierno fue perdiendo el control de las
calles y desde el mes de abril se sucedieron las algaradas,
las provocaciones y los asesinatos entre grupos radicales.
Nada más constituirse las nuevas Cortes, el 7 de abril, su
primera decisión fue destituir al Presidente Alcalá-
Zamora. El artículo 81 de la Constitución preveía esta
posibilidad si un presidente disolvía las Cortes por
segunda vez en su mandato y la nueva Cámara estimaba
improcedente la disolución de la anterior. Así que los
diputados elegidos gracias a esa decisión consideraron
injustificada la disolución decretada, algo a todas luces
falso. La decisión supuso uno de los mayores errores del
Frente Popular que se apresuró a nombrar a Manuel
Azaña como nuevo presidente el 10 de mayo. Pero el
PSOE dividido entre los más moderados como Indalecio
Prieto y los partidarios de la unión con el PCE y la
revolución, como Largo Caballero, no pudieron formar
Gobierno, designando Azaña a su compañero de partido
Santiago Casares Quiroga como nuevo jefe del Gabinete.
Se continuó con la obra legislativa del primer bienio,
prosiguiendo su trámite legal los dos estatutos de
autonomía del País Vasco y Galicia. Ante la situación de
violencia en las calles y en las universidades Falange fue
declarada ilegal el 15 de marzo, tras el atentado contra el
socialista Jiménez de Asúa. El 16 de junio José María Gil
Robles en el Parlamento exponía las siguientes cifras
para cuatro meses de gobierno: 269 homicidios, 1.287
heridos, 170 iglesias quemadas, 133 huelgas generales y
216 parciales. La posterior intervención de Calvo Sotelo
se saldó con amenazas desde las filas comunistas,
Pasionaria afirmó que “este hombre a hablado por
última vez”, y el mismo presidente del Gobierno Casares
Quiroga amenazó al líder derechista: “si algo ocurre, que
no ocurrirá, haré a su señoría responsable de todo”.
Las derechas comenzaron a conspirar, se produjo un
primer intento el 20 de abril, que no llegó siquiera a
cuajar. Finalmente los políticos recurrieron a los
generales y Emilio Mola fue designado como “El
Director”, encargado de planificar el golpe de Estado. Lo
encabezaría Sanjurjo, exiliado en Portugal, y tendría
como objetivo imponer un Gobierno conservador pero
republicano. Los preparativos estaban bastante
avanzados cuando el 12 de julio de 1936 se produjo el
asesinato del teniente de la Guardia de Asalto, el
socialista Castillo, que fue respondido con la detención y
posterior asesinato de José Calvo Sotelo por los mismos
compañeros Guardias de asalto. Al parecer este hecho
acabó por convencer al indeciso general Franco, así como
a otros muchos conservadores, escandalizados por que
las mismas fuerzas de seguridad, secuestrasen en su
propio domicilio y asesinasen a uno de los líderes
parlamentarios. Cuando el 17 de julio comenzó la
insurrección el inoperante Gobierno de Casares Quiroga
todavía pensaba que se podría dominar la situación, dos
días después y tras otros tantos jefes de Gobierno la
guerra civil era un hecho.
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